De Vido y Baratta, rumbo a un nuevo juicio oral: esta vez por la causa Río Turbio

Julio De Vido se prepara para otro juicio oral por la causa por la que quedó preso el 25 de octubre de 2017, cuando perdió sus fueros en la Cámara de Diputados. Será acompañado por Roberto Baratta, su ex mano derecha que se enfrenta así a su primera posible condena. Según pudo saber Infobae, el juez federal Luis Rodríguez decidió cerrar la investigación por los desvíos millonarios de fondos e irregularidades en la llamada causa de Río Turbio. Fue consecuencia de un fallo de la Cámara Federal que hace dos semanas confirmó una serie de procesamientos y ordenó agilizar que el caso pase a la etapa debate.

De esta manera se pone en marcha, en menos de una semana, el segundo juicio para el ex ministro kirchnerista de Planificación Federal, Baratta y empresarios. Y el fiscal que se encargará de hacer la elevación a juicio será el mismo: Carlos Stornelli, quien además también está preparando el envío del caso Cuadernos en dos tramos.

En el caso Río Turbio, Rodríguez rechazó inicialmente detener a De Vido y luego debió pedir su desafuero. En ese momento, Bonadio también apuró la detención del ex ministro y ordenó el arresto de Baratta.

La Cámara Federal resolvió, además, que el caso vuelva a manos de Rodríguez, quien había resuelto pasarle las actuaciones a  Bonadio para que lo uniera a la investigación que tenía en sus manos el magistrado de los cuadernos, en donde se analizaba otra arista de la corrupción en Río Turbio: la que ponía bajo la lupa los negocios de la central térmica, un ambicioso proyecto kirchnerista que no puede funcionar porque no produce el carbón necesario.

Una parte del caso ya había sido elevado a juicio oral. Era la que intenta saber por qué el municipio de Río Turbio pagó 50 millones de pesos por hacer una calle que nunca realizó. En esa causa está imputado el empresario Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina y procesado también en la causa cuadernos. Allí interviene el Tribunal Oral Federal 7, por lo que se descuenta que será el que concentre todo el futuro juicio por la causa Río Turbio.

Ahora, Rodríguez no solo espera que en 20 días se termine con una pericia contable que viene demorada sobre el flujo de dinero que se manejó alrededor de los negocios de la mina. También instó al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires a adoptar «todas las medidas administrativas y/o académicas necesarias para que los peritos oficiales puedan cumplir con el plazo fijado».

El magistrado también deberá resolver la situación de un grupo de ex funcionarios y empresarios que fueron indagados entre diciembre y enero por Bonadio y que aún está pendiente. La lista incluye no solo a De Vido, sino también al ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta y al empresario De Goycoechea, el primer hombre de negocios que se arrepintió en la causa de los cuadernos y está procesado en esa investigación.

En abril pasado, Infobae reveló que Bonadio quedaba a cargo de las dos investigaciones que involucran los negocios de Río Turbio: la causa por la central térmica, que tramitaba desde 2009 en Comodoro Py y que se cerró en dos oportunidades; y el expediente por la mina, que nació en 2016 y derivó en la detención de De Vido y otro grupo de personas.

Sin embargo, las defensas de Marcelo Vargas, ex asesor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), y del empresario  Aldo Benito Roggio -involucrado en uno de los pagos de los negocios de la mina- cuestionaron la incompetencia que dispuso Rodríguez y la remisión de la causa al juzgado de Bonadio.

La Cámara Federal ya había dicho en varias oportunidades que los casos debían unirse. El Complejo Minero Río Turbio, integrado por la Central Térmica y el Yacimiento Carbonífero, había llevado adelante decenas de contrataciones que están bajo la lupa.

«Mientras subsista la atomización de procesos en distintos juzgados, la visión de los hechos sólo se puede presentar parcializada, implicando ello -además de un dislate procesal innecesario- una dificultad para la cabal comprensión de los alcances de la maniobra y un menoscabo al derecho de defensa de los imputados», había dicho la Sala II de la Cámara Federal a fines de 2017.

Fue Rodríguez quien decidió pasar el caso a Bonadio por la conexidad con cuadernos, luego de haber sido apartado del caso de Daniel Muñoz, el millonario secretario privado de Néstor Kirchner; y de autoapartarse de la causa por enriquecimiento ilícito de De Vido, también anexándola al megaexpediente por las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

Pero ante la queja de las defensas, el juez Martín Irurzun entendió que Rodríguez tenía que seguir al frente de la pesquisa: en su causa ya había gente procesada, con prisión preventiva (De Vido y el ex intendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, por ejemplo) e incluso un tramo del caso ya fue derivado a juicio oral.

Así las cosas, la Cámara ordenó que «el tiempo transcurrido desde que se definieran las diversas situaciones procesales de los imputados impone reiterarle al magistrado de grado que resulta necesario imprimir celeridad al curso instructora a fin de evitar que las pesquisas se sigan demorando en perjuicio de quienes se encuentran sometidas a ellas, más aún teniendo en cuenta que algunos de los imputados las están transitando en detención».

Y Rodríguez recogió el guante esta semana y dispuso correr vista a la fiscalía a para que el tramo de la causa por la cual fue quedó preso De Vido vaya a juicio oral. El encargado de la tarea será el fiscal Carlos Stornelli, que interviene en la causa y quien también prepara para estos días elevar a juicio oral los tramos ya definidos de la causa de los cuadernos: el caso abierto por las anotaciones de Centeno y el expediente por el lavado de dinero de Daniel Muñoz.