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De Vido recusó al Tribunal que lo juzgará por el accidente ferroviario

Se trata de los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, integrantes del TOF2.

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido recusó al Tribunal Oral Federal 2, que tiene previsto juzgarlo por su presunta responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once.

Fuentes judiciales informaron que la defensa del ex ministro y actual diputado del Frente para la Victoria (FpV) recusó a los jueces por presunta «pérdida de imparcialidad». En ese sentido, De Vido recordó que ese mismo Tribunal fue el que al momento de dictar sentencia en el primer juicio, en diciembre de 2015, ordenó al juez de primera instancia investigar al ex ministro.

Los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, integrantes del TOF2, también fueron recusados por la defensa de Gustavo Simeonoff, de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).

La semana pasada, el juez federal Claudio Bonadio envió a De Vido y Simeonoff a juicio oral y público por descarrilamiento culposo y administración fraudulenta por el manejo irregular de los subsidios.

Ahora, la recusación de los jueces será evaluada por otro tribunal y si es desestimada, De Vido quedará habilitado para ser juzgado.

En diciembre de 2015, el Tribunal 2 condenó al ex secretario de transporte Ricardo Jaime a seis años de prisión y a su sucesor, Juan Pablo Schiavi, a ocho años.

A De Vido se lo acusa porque «no habría controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido, y la aplicación de fondos públicos que el Estado puso a disposición de TBA».

Según la acusación, la «inacción del nombrado posibilitó las circunstancias» del accidente que le costó la vida a 51 personas y varios cientos de heridos.

«En esas condiciones, en la empresa concesionaria se omitieron realizar las tareas de mantenimiento y sistemáticamente no se ejecutaron los planes que se encontraban obligados a cumplir, circunstancia que ocasionó un perjuicio económico al erario público, como consecuencia del grave deterioro de los bienes concesionados», añadió.

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