Política

Cristóbal López le debe $ 500 millones al Estado

En marzo pasado al empresario Cristóbal López, la Dirección Nacional de Vialidad le había quitado el manejo de la administración de la concesión de la Autopista Riccheri Ezeiza-Cañuelas por «permanentes irregularidades». El Gobierno nacional dispuso además una intervención ampliada, con un plazo de dos meses para rescindir de forma definitiva el contrato.
A partir de esta medida el empresario kirchnerista está a poco más de un mes de perder el millonario contrato ya que, entre otras irregularidades, le debe $ 500 millones al Estado. La empresa, AECSA, argumenta que el abultado monto se debe a la imposibilidad por años de actualizar las tarifas del servicio.
La firma se compone por Esuvial, dueña del 70 % de las acciones, y está constituida por CPC (constructora del empresario) en un 99,12% y de su socio Fabián De Sousa en el restante 0,08%. AECSA tiene una vieja y millonaria deuda que se niega a pagar. «Ya apelamos, pero cuando nos notifiquen de la rescisión volveremos a apelar porque el que incumplió fue el Estado que desde 2005 no nos permitió actualizar las tarifas», argumentaron desde la compañía ante una consulta de Clarín.
Actualmente la autopista es administrada por Vialidad: «Todo el dinero recaudado es rendido y el Estado decide cómo se invierte en obras. Se hicieron algunos arreglos y se analiza emprender trabajos en la segunda calzada en Ezeiza», indicaron desde el organismo.
¿Cuándo se originó el conflicto?
Los problemas empezaron con el cambio de administración: cuando Javier Iguacel asumió en el organismo rechazó un trámite que estaba prácticamente terminado por el kirchnerismo. A fines de 2015 Gustavo Gentilli, el exdirector del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), firmó la ampliación de la concesión hasta 2031.
Investigados por corrupción en la obra pública, las entonces autoridades de Vialidad no llegaron a rubricar el documento. Los nuevos funcionarios de Transporte decidieron intervenir la autopista y rescindir el acuerdo. A su vez, el Gobierno consideró que la ampliación del contrato era «injustificada y estaba llena de irregularidades» e iba a generarle unos $ 5 500 millones de ingresos a López, cuando la concesionaria acumula deudas por multas e infracciones por $ 500 millones.
Antecedentes
Desde Vialidad explican que se trata de una maniobra similar a la de otra firma del empresario, «Oil Combustibles», que durante el gobierno de Cristina Kirchner no pagó el impuesto a las transferencias de combustibles (ITC), lo que generó una deuda de $ 8 000 millones con la AFIP.
En el caso de la autopista no se pagó el Recurso de Afectación Específica (RAE), los fondos que los concesionarios obtienen en los peajes y que deben transferir a Vialidad. «El dinero lo usaron para pagarle a los accionistas, se financiaron ellos mismos y sólo una pequeña parte fue a obras», indicaron desde el organismo de Transporte.

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