El juez federal Claudio Bonadio le corrió vista al fiscal y a las querellas de la causa iniciada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Así lo establece el Código Procesal Penal de la Nación en el artículo 346 que dice que «cuando el juez hubiere dispuesto el procesamiento del imputado y estimare completa la instrucción, correrá vista sucesiva a la parte querellante y al agente fiscal por el término de seis (6) días, prorrogable por otro período igual en casos graves o complejos».
Ahora fiscal y querellas deberán manifestar si estiman que la etapa de instrucción está completa o en caso contrario, qué diligencias consideran necesarias. Si opinan que la etapa de investigación está cumplida, deberán expresar si corresponde sobreseer o elevar la causa a juicio.
Asimismo, Bonadio se refirió en su resolución al pedido del ex jefe de Interpol, Ronald Noble, quien solicitó declarar como testigo en la causa al indicar que podrá hacerlo –si fuera necesario– en el juicio oral y público. Además, el magistrado habilitó la feria judicial a partir del 10 de enero próximo. Vale recordar que la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, le encomendó a Bonadio que avance con celeridad a fin de no demorar la elevación a juicio de la causa.
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En este expediente está procesada con prisión preventiva la ex presidente y actual senadora por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner, resolución que fue confirmada por el tribunal de alzada la semana pasada. La Cámara confirmó además los procesamientos y embargos de Héctor Timerman, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Mena, Andrés Larroque, Eduardo Zuain, Jorge Khalil, Luis D’Elía y Fernando Esteche.
En esta causa se investiga «un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la Justicia –mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad– y para liberarlos de toda responsabilidad penal por dichos hechos –mediante la creación de una Comisión de la Verdad– y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa».
