Fuente Infobae
El juez federal Sergio Torres ordenó la realización de dos allanamientos en la causa en la que se investiga la compra de autos de lujo por parte del Ministerio de Economía cuando estaba a cargo de Amado Boudou, quien luego sería vicepresidente de Cristina Kirchner.
Uno de los procedimientos se hizo en la sede del Ministerio de Economía de la Nación y otro en las oficinas de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En la causa se investiga la compra de 19 autos de alta gama para equipar la flota de Economía. Uno de esos autos fue a parar a manos de Daniel Reposo quien estaba a cargo de la SIGEN durante el kirchnerismo. Reposo declaró hoy por la mañana en indagatoria ante el juez Torres.
Cuando en mayo pasado el juez Torres fijó las fechas de las indagatorias, consideró que se realizó una compra innecesaria para beneficiar a la concesionaria Guido Guidi, mediante una subasta privada que fue direccionada.
El monto que abonó el Estado nacional por los autos de alta gama fue de $2.131.400. Los vehículos adquiridos fueron todos de la marca Volkswagen: tres modelo Passat, tres Vento y 13 Bora. En su resolución de mayo Torres citó a indagatoria a Boudou para el 29 de junio próximo.
Según determinó Torres fue Boudou quien determinó que se hiciera la compra con celeridad y en las condiciones que fue concretada. De la maniobra, según determinó el juez, participaron otras personas que también serán indagadas.
Entre ellos figura Benigno Vélez, amigo de Boudou y quien revista como director general de Administración del Ministerio de Economía.
Reposo fue imputado por no haber respetado la normativa para establecer el valor indicativo de los autos finalmente se compraron. Reposo recibió uno de los autos de alta gama luego de su participación en el expediente administrativo y cuando se hizo público ese hecho lo devolvió.
Según explicaron a Infobae fuentes judiciales, los allanamientos se produjeron luego de que fueran indagados funcionarios de rango menor tanto de Economía como de SIGEN. A partir de una de las declaraciones se pudo establecer que documentación que se había sumado a la causa judicial podría haber sido falsificada para ayudar a los ex funcionarios involucrados.
Para buscar la documentación original y contrastarla con la del expediente, Torres ordenó los allanamientos que realiza el personal de la División Jurídico Contable de la Policía Federal Argentina.
