Después de que la fiscal federal Alejandra Mangano ampliara las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra Julio De Vido, su esposa Alessandra Minnicelli y sus hijos, el juez Luis Rodríguez hizo lugar a una serie de medidas de prueba y ya investiga un período más amplio sobe los bienes del ex ministro de Planificación y su entorno familiar. Libró oficios a laAFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ), e incluso a la Unidad de Información Financiera (UIF) y se comenzó con el entrecruzamiento de datos.
En marzo de este año, la fiscalía consideró necesario «evaluar todo el período de tiempo en el que los dos acusados se desempeñaron en cargos dentro de la Administración Pública». Esta ampliación de la imputación, incluyó por primera vez a los hijos de Julio De Vido, hoy preso y acusado de malversación de fondos.
Así, la investigación, que originalmente se centraba en el período 2003-2007, se amplió a 2015.
Tal como adelantó Clarín, los números que se desprenden del documento oficial, arrojan «diversas inconsistencias». El matrimonio no logra justificar un millón de pesos correspondiente al período 2003-2007. La defensa de Laly Minnicelli argumentó que había que considerar el valor del dólar en el período observado. El juez Rodríguez, según pudo saber este medio, no descarta pedir específicamente que se analice dicha variable en función de los valores sospechados.
Fuera de la función pública y con un despacho en el Congreso de la Nación, el ex funcionario K incorporó en 12 meses casi un millón de pesos a su patrimonio declarado. Cerró el período 2016 con bienes por 2.846.717 pesos, un 48% más que en 2015. El monto total, de todo modos, sigue llamando la atención: representa apenas 150.000 dólares.
Entre sus bienes De Vido declara un departamento, una cochera, un vehículo, cuatro plazos fijos, dos cajas de ahorro y dinero en efectivo. El crecimiento de todos sus bienes fue de 929.531 pesos en un año.
La fiscal Mangano había considerado que para llegar a «conclusiones certeras», lo más conveniente era «realizar el análisis durante todo el lapso que los imputados se desempeñaron en la Administración Pública, es decir hasta diciembre de 2015”.
En consecuencia, el juez Rodríguez envió los correspondientes oficios a diferentes dependencias del Estado: AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ), los bancos donde la familia De Vido tiene cuentas bancarias, cajas de ahorro, y también a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Con la documentación que comenzó a ingresar al juzgado, se inició un entrecruzamiento de datos que servirá para «analizar un período más amplio de los bienes del ex ministro y de ser necesario se pedirá una nueva pericia», explicaron fuentes judiciales a Clarín.
De Vido llegó en 2003 a la Casa Rosada hasta la finalización de su cargo como titular del Ministerio de Planificación Federal, en diciembre de 2015. Alessandra Minnicelli fue designada como Síndica General Adjunta de la Sindicatura General de la Nación en junio de 2003, presentando su renuncia en 2007. Desde la SIGEN, debía controlar la gestión de su marido, una incompatibilidad muy criticada por la oposición de entonces.
El trabajo del juzgado alcanza ahora también a los hijos de De Vido: Santiago, Facundo y Valeria. Mangano, al imputarlos, entendió que al ser los hijos del ex ministro «pudieron haber tenido algún tipo de participación en la maniobra delictiva objeto de la presente».
Por ello, pidió que la AFIP remita toda clase de información vinculada a sus declaraciones juradas, movimientos de dinero y todo registros de compra-venta de inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves y otros bienes registrables.
La causa
El ex titular de Planificación Federal fue denunciado en 2007 por el abogado Ricardo Monner Sans por presunto enriquecimiento ilícito por la adquisición de una chacra de 3,8 hectáreas en Zárate, con una casa incluida de unos 300 metros cuadrados. Sólo la propiedad vale unos 750 mil dólares. Se investigó un alquiler de 3.000 dólares y un vehículo entre los bienes que «no concordaban» con lo declarado por el ex ministro.
De Vido había sido sobreseído en esta causa por el juez Octavio Aráoz de Lamadrid, pero en 2015 la Cámara de Casación ordenó que la misma se reabra. El camarista Gustavo Hornos resaltó entonces que el ex funcionario «omitió poner en su declaración jurada un bien inmueble de unos US$ 750 mil», y que los ingresos que Minicelli dice tener «no se corresponden con la categoría que declaró ante el fisco».
Fuente Clarín
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