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Coparticipación, Presupuesto e impuesto a la riqueza: el Gobierno busca imponer su agenda en el Congreso

La Cámara de Diputados y el Senado tratarán en comisiones esta semana tres proyectos considerados decisivos por el oficialismo. Por un lado, este lunes el Frente de Todos retomará el tratamiento de la ley de impuesto a las grandes fortunas y, más tarde en la Cámara alta, la iniciativa para recortar el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires. Un día después, el ministro de Economía Martín Guzmán acudirá a la Cámara baja a defender el proyecto de Presupuesto 2021.

 

El oficialismo confía en firmar dictamen de mayoría este lunes de la iniciativa que busca establecer un aporte extraordinario a unos 12 mil contribuyentes con altos patrimonios con el acompañamiento de bloques aliados de la oposición. Juntos por el Cambio ya adelantó su postura de rechazo ya que lo consideran un “nuevo impuesto”.

La comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por Carlos Heller se reunirá a partir de las 15 para reanudar el cuarto intermedio en que había quedado el debate, luego de que el miércoles pasado se iniciara la discusión en medio de tensiones entre el oficialismo y la principal bancada opositora.

 

La comisión también tiene en agenda retomar el tratamiento del proyecto para prohibir que las empresas radicadas en paraísos fiscales o que cometieron delitos probados de evasión fiscal puedan ser beneficiarias de programas de ayuda estatal. En este caso, Juntos por el Cambio anticipó que respaldará la iniciativa impulsada por el diputado kirchnerista cordobés Pablo Carro, quien el miércoles pasado presentó el proyecto.

Sin embargo, el foco central estará puesto en lo que suceda con la iniciativa que crea una contribución a las grandes fortunas, y que apunta los patrimonios declarados al 31 de diciembre de 2019 superiores a los 200 millones de pesos. Según calculan los impulsores del proyecto, afectaría a un universo de aproximadamente 12 mil personas, quienes pagarán una alícuota con una escala progresiva de entre 2% y 3,5%, conforme a su capacidad patrimonial.

 

Se estima recaudar aproximadamente $300.000 millones, de los cuales un 20% se destinará a la compra de insumos y equipamiento de salud, otro 20% para subsidios de fomento a MiPyMEs, un 15% para la urbanización e integración sociourbana de asentamientos populares, un 25% para proyectos de inversión en gas y por último un 20% para financiar el relanzamiento del plan Progresar para estudiantes.

Hacia las 17, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzarán a tratar el proyecto de ley del Gobierno que reducirá más la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. La bancada del Frente de Todos decidió avanzar rápidamente con la discusión de un tema que agrega un foco de conflicto con Juntos por el Cambio, fuerza que gobierna la Ciudad.

 

El proyecto apunta en lo formal a darle un cierre legal al traspaso de las funciones de seguridad -con los fondos correspondientes- de la Nación a la Ciudad iniciada en 2016, con la fusión de parte de la Policía Federal con la fuerza local, pero incluye un recorte de recursos al distrito porteño. La iniciativa establece un monto fijo de $24.500 millones para que la Ciudad financie esos gastos. En términos prácticos, implica bajar al 1,4% la coparticipación porteña.

Esa reducción se suma a la que dispuso por decreto el presidente Alberto Fernández, la semana pasada, al transferir un punto de la coparticipación de la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires para atender la protesta de la Policía bonaerense. El proyecto establece que el monto de $24.500 millones que recibirá la Ciudad se actualizará en un 80% por el índice del salario promedio de la Policía Federal y en un 20%por inflación.

La asignación de esos fondos se dividirá “en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su actualización se realizará en forma trimestral”, precisa la iniciativa.

Martes: Guzmán defiende el Presupuesto 2021

El ministro de Economía Martín Guzmán acudirá a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados el martes a las 16 para explicar ante legisladores del oficialismo y la oposición el proyecto de ley de Presupuesto 2021.

El Gobierno estima en el texto enviado al Congreso que el año que viene finalizaría con una inflación del 29%, un dólar a $102 y una recuperación del 5,5% en el Producto Bruto (después de una caída prevista del 12,1% para este año). El déficit primario objetivo para 2021 será del 4,5%, un nivel que deberá ser acordado con el Fondo Monetario Internacional en el contexto del acuerdo que se empezó a discutir para refinanciar unos U$S44.000 millones.

Para tener éxito, el oficialismo deberá conseguir apoyo de los bloques minoritarios de la oposición ya que se encuentra en una situación de casi empate en cantidad de votos con Juntos por el Cambio. El Frente de Todos cuenta con 117 votos propios (dado que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sólo vota en caso de desempate y que Ignacio de Mendiguren está en uso de licencia), mientras que el interbloque conducido por Mario Negri reúne 116 asientos.

 

El jefe del Palacio de Hacienda aseguró este domingo que el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso “constituye un paso fundamental en el camino de tranquilizar la economía”. “Es un Presupuesto que tiene como objetivo central la recuperación económica”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda en una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

Guzmán dijo que la iniciativa tiene como base dos principios, “el primero es que no hay estabilización posible sin recuperación de la actividad económica”. “Y ello requiere de un Estado que impulse la demanda y vaya de la mano con el sector privado en el camino de la reconstrucción productiva con generación de trabajo y agregación de valor”, indicó.

 

Respecto del segundo principio, señaló que lo representa “la sostenibilidad fiscal como condición necesaria para una economía estable”. Agregó que “paso a paso debemos construir una economía ordenada, donde la sostenibilidad de la deuda esté garantizada y el fisco deje de depender estructuralmente del financiamiento del Banco Central».

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