La medida fue dispuesta por los jueces de la Sala II de la Cámara, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.En la causa, donde es querellante el Grupo Clarín, se investigan“diferentes hechos que habrían sido cometidos por Sbatella cuando fuera presidente de la UIF en perjuicio de empresas y personas, respecto de las cuales habría filtrado información secreta”, recordó fuentes tribunalicias.
El procesamiento se ratificó sobre uno de esos casos, relativo a difusión de información vinculada a una pesquisa sobre varias joyerías.
Pero en el expediente también hay situaciones que se achacan a Sbatella vinculadas con el Banco Macro, el Grupo Clarín SA y el BBVA Banco Francés SA.
La Cámara dijo que “la información publicada se encontraba abarcada por el artículo 22 de la ley 25.246 (…) en vista del ámbito abarcado por la prohibición y la naturaleza de aquello que fuera actuado y difundido en el caso”.
Según la ley, “los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia”.
“Mal puede entenderse que los datos divulgados no se encuentran comprendidos en tales conceptos, cuando refirieron directamente a aspectos conocidos por el funcionario a raíz de una investigación administrativa interna por lavado de dinero, tanto antes (vinculaciones de los involucrados por ejemplo) como después (cosas secuestradas) que se judicializara un pedido de allanamiento”, sostuvo el tribunal de alzada.
Además, la Cámara destacó “la imposibilidad de trazar el paralelo sugerido por la defensa entre el contexto que rodeó a la violación de secreto endilgada a Sbatella y las reglas de publicidad y transparencia que rigen a ciertos actos de la instrucción judicial propiamente dicha”.
EL tribunal enfatizó que “puede afirmarse a esta altura que existía un deber legal de mantener el secreto que el imputado lo conocía y dejó de lado”.
Asimismo, los camaristas instaron al juez de primera instancia a “transitar, con la celeridad del caso, los cursos de acción pertinentes en aras de activar el trámite de la instrucción respecto de todos los hechos, con atención a lo apuntado a lo largo de la presente y los diferentes momentos procesales de cada uno”.
El caso en cuestión fue la divulgación, a través del sitio web de la UIF, de allanamientos en los comercios “Ricciardi”, “Paul Baker” y “El Lingote”, hecho por el que el ex funcionario fue procesado por el juez federal Luis Rodríguez.
