«La ingeniería jurídica pergeñada desde el Juzgado de Orán garantizó la impunidad». Esa fue la frase que utilizó ante Infobae el fiscal federal Carlos Amad, después de conocerse la sentencia del tribunal oral salteño que juzgó a la banda de los narcogendarmes, que encabezaba, el ahora ex uniformado Emanuel Guillermo Mondaca. Sobre este recayó la pena más importante, 18 años de prisión (la fiscalía había solicitado 20) y 5 años a Pablo Manuel Vera (se había pedido 9 años), otro de los integrantes de la de la banda de los gendarmes narcotraficantes.
Cuando muestra su disconformidad, el funcionario judicial hace referencia al ahora ex juez federal de esa localidad salteña, Raúl Reynoso, quien afronta también un juicio oral y público, por beneficiar, desde su cargo de magistrado, a los narcodelincuentes a quienes les pedía coimas o dádivas para mejorar su situación procesal, otorgarles excarcelaciones o directamente sobreseerlos.
Para el fiscal –conforme con la sentencia contra Mondaca- , es lo que sucedió en este caso, como en al menos otros ocho, por los que se lo juzga al ex juez de Orán.
Otra vez gendarmes blancos
La gravedad del narcotráfico en la Argentina, y en el norte de nuestro país en particular; favorecido por la complicidad ya probada por parte de la política, la justicia y las fuerza de seguridad, quedó evidenciada una vez más durante el desarrollo de este juicio oral y por otro escandaloso caso de narcotráfico que tuvo como protagonistas a dos gendarmes en actividad y que hasta ahora no salió a la luz.
El 27 de septiembre pasado Gendarmería Nacional, en un control de rutina desplegado sobre la Ruta 34, a la altura de la localidad tucumana de 7 de Abril, descubrió en el tanque de combustible de VW gris, chapa patente LAN 710 color gris, 40 kilos de cocaína de máxima pureza.
Como ocurre con frecuenta, los efectivos se vieron alertados por el nerviosismo de la pareja a bordo del vehículo.
Ante las primeras preguntas de los uniformados sobre el destino y de la localidad de procedencia, el hombre intento zafar del interrogatorio mostrando lo que estimaba era su mejor carta de presentación, la credencial que lo presentaban como gendarme en actividad. Es decir como par de quienes los habían demorado en el retén.
Se trataba de Hugo Ramón Brito, que pertenecía al escalafón «GRL-SEG», y que prestaba servicio en la provincia de Salta –al igual que el condenado Mondaca- y declaró estar afectado al Operativo Centinela.
El gendarme y su mujer –ambos detenidos- venían de la localidad salteña de Salvador Maza y declaraban como destino final del viaje la provincia de Buenos Aires.
Una rápida inspección del auto reveló el motivo del sudor en la cara de la pareja del miembro de la fuerza de seguridad: el tanque de combustible, de doble fondo, estaba acondicionado con tornillos nuevos que no coincidían con el resto del vehículo.
Ante esta situación, desde el control de ruta se informó al Juzgado Federal 1 de Tucumán, que dispuso el traslado del vehículo a la sede del Escuadrón 55 de Gendarmería para efectuar una requisa más profunda en el rodado.
El resultado fue la extracción del tanque de combustible de 60 «ladrillos» de cocaína con un peso de 40 kilos.
La mayoría en libertad
Veinticuatro horas antes de este descubrimiento, en Salta, se conocía el fallo del tribunal oral que juzgaba a otra banda de narcogendarmes desbaratada seis años antes.
En su fallo los jueces Marta Liliana Snopeck, Mario Marcelo Juárez Almaráz y Federico Díaz, absolvieron a los gendarmes Luis César Espeche, Luis Romero, José Alfredo Durand y Damián Matías Carrasco, al igual que a Pablo Raúl Vera y Alejo Durán, por no haber mediado acusación fiscal respecto de los delitos de lavado de activos de origen ilícito y asociación ilícita por los que habían llegado a juicio.
Y esto ocurrió porque el mismo fiscal Amad no los acusó porque el entonces juez de primera instancia envió el expediente a juicio oral sin elementos de cargo suficientes, lo que en su momento generó un verdadero escándalo judicial en la provincia.
Amad lo explica así: «Es que Reynoso los había sobreseído por tráfico de estupefacientes y elevó a juicio la causa procesándolos por lavado de activos y asociación ilícita, pero sin elementos de prueba para sostener esta acusación. La causa llegó a juicio absolutamente distorsionada. La investigación fue vergonzosa, muy mala de parte de la fiscalía y del juez (Reynoso)».
–¿Puede explayarse un poco más sobre este punto?
–Es que para la calificación jurídica de asociación ilícita y lavado de activos no había pruebas, ni se demostró el delito precedente, ni los elementos de asociación. Si Reynoso, los hubiese acusados de narcotráfico, como Mondaca, y como yo creo que debería haber hecho, hubiésemos podido acusarlos pero tampoco podíamos cambiar la imputación y agravar la situación a los imputados ya que antes fueron sobreseídos de ese delito. Esto es un verdadero escándalo. Pero bueno, por casos como estos Reynoso por suerte ya no es más juez y está siendo sometido a juicio en el cual yo también soy el fiscal.
Como detalló Infobae la semana pasada, Mondaca había sido detenido a las 16.30 de la tarde del domingo 19 de junio de 2011 en el puesto de control de Gendarmería Nacional de Aguaray con 966,391 kilos de cocaína, escondidos en el sobretecho de la camioneta en la que viajaba junto a otro gendarme, Roberto Julián Gamarra que fue detenido luego beneficiado con la excarcelación por el juez Reynoso, y que por eso hoy aún está prófugo de la justicia; y Claudia Rosana Mondaca, hermana del condenado, y sobreseída en primera instancia por el cuestionado magistrado.
El abogado de la mayoría de los absueltos –el único de sus defendidos que resultó condenado fue Vera hijo) es René Gómez, el mismo letrado que es juzgado junto a Reynoso-entre otros- porque supuestamente habría participado en una operación inmobiliaria presuntamente irregular sobre una finca de 700 hectáreas, que originalmente pertenecía al imputado de narcotráfico Pablo Vera padre.
La transacción, que termina en manos de un colaborador de Reynoso, que de ninguna manera puede justificar el origen de los fondos para la operación y por eso también es juzgado, se realizó días antes del sobreseimiento de Vera padre y del beneficio en la calificación de Vera hijo.
Según la fiscalía, en la causa existen 188 llamadas telefónicas entre Reynoso y Gómez en un lapso menor a tres años y mientras se sustanciaba esta causa.
Así se lo confirmó a Infobae el titular de la Procunar, Diego Iglesias, quien colabora con sus pares salteños en la causa contra Reynoso, entre otras.
Y más aún, Iglesias afirmó que hay conversaciones entre el juez y el abogado de los imputados «los mismos días en que se cerraban operaciones inmobiliarias sobre el campo que pertenecía a uno de los imputados por narcotráfico y que después fue beneficiado por Reynoso».
Según el dictamen fiscal la ingeniería delictual fue así: En primer término, la propiedad pasó de Vera a manos de la pareja del abogado Gómez, Rosana Rivas Vázquez.
La mujer ya confesó esta maniobra y no pudo justificar el origen de los fondos para adquirir el casco de estancia valuado en unos 800.000 pesos.
En una segunda operación prácticamente simultánea, la finca fue transferida a Rosalía Aparicio, hermana de César Aparicio, empleado del juzgado de Orán a cargo de Reynoso, y presunto hombre de confianza y testaferro del ex juez.
Según los fiscales, la maniobra habría tenido por fin el sobreseimiento de Vera padre y una baja en la imputación penal de Vera hijo, tal como ocurrió.
Las penas
En concreto, al ex gendarme Mondaca, quien durante el juicio se negó a delatar a los jefes para los que trabajaba y distribuía los estupefacientes en Santa Fe, Buenos Aires y CABA, deberá pasar 18 años de prisión efectiva, en el penal de federal de Güemes. Es decir en el mismo lugar en que está detenido el juez Reynoso, aunque el magistrado está alojado en el pabellón de los condenados por delitos de Lesa Humanidad.
También deberá pagar una multa de 18.750 pesos, y a la prohibición de ocupar cargos públicos mientras dure la condena «por ser autor penalmente responsable del transporte de estupefacientes agravado por su condición de funcionario público y por el número de intervinientes».
Pablo Manuel Vera (hijo) en cambio, también fue absuelto –como el resto- por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva con multa de 10.000 pesos «por ser partícipe secundario de transporte de estupefacientes», aunque seguirá libre hasta que la condena quede firme.
