El caso de la muerte de la bebé de la nena de 12 años que fue violada en Jujuy tuvo la primera repercusión concreta dentro del ámbito médico. El jefe del servicio de obstetricia del Hospital Materno donde se hizo la cesárea,renunció a su cargo con duras críticas al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Gustavo Briones acusó al poder Ejecutivo jujeño de «desatender la opinión profesional brindada por la totalidad de los médicos especialistas presentes que integran el Servicio», según expresó 29 de 30, de «irrespetar gravemente» el trabajo modelo del centro de salud y de desoir «los avales científicos de la materia y del caso en particular».
«El servicio especializado en la materia desaconsejó la interrupción del embarazo, por cuanto el feto, de acuerdo a su edad gestacional, tenia altísimo riesgo de morir en caso de ser separado del seno materno. Hubo una innecesaria colocación en riesgo y posterior fallecimiento de un prematuro inmaduro», manifestó.
De acuerdo a su texto el criterio médico no constituyó la adopción «de ninguna política en relación a la libertad de las personas sino que respondió exclusivamente a los valores científicos que rigen la práctica de los servicios de salud». El especialista agregó que un feto con peso inferior a los 1000 gramos y con edad gestacional menor a 27,6 semanas «se denomina prematuro inmaduro y goza de bajísimas expectativas de sobre vida».
Con respecto a la posibilidad de un aborto, el especialista consideró que «resultó inviable» porque «conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud, esta operación solo se realiza hasta la semana veintidos».
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