Chile está «en guerra», afirmó el presidente Sebastián Piñera, cuyo país es sacudido desde hace tres días por manifestaciones violentas y saqueos que dejaron once muertos y casi 1.500 detenidos, el peor estallido social en más de tres décadas.
«Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite», dijo Piñera a periodistas luego de reunirse durante una hora con el general de Ejército Javier Iturriaga, quien tiene a cargo el orden y seguridad de Santiago durante la coyuntura.
El mandatario explicó que Santiago y otras nueve regiones de las 16 que conforman Chile, se encuentran en estado de emergencia bajo el resguardo de unos 9.500 militares y policías, y confirmó que el lunes, primer día laboral luego de tres días de disturbios, se abrirán 27 estaciones de la línea 1, una de las siete que conforman el subterráneo capitalino.
El metro fue cerrado desde el viernes luego que 78 de sus estaciones y vagones sufrieron destrozos valuados en más de 300 millones de dólares por la empresa estatal.
Más temprano, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó la muerte de siete personas, todas en saqueos: dos en el incendio de un supermercado y cinco en una fábrica textil.
La situación en Santiago provocó la cancelación de cientos de vuelos en el aeropuerto, mientras miles de personas esperaban varados en las terminales.
Los estudiantes llamaron a nuevas movilizaciones para el lunes y se prevé una gran dificultad en los traslados.
El centro de Santiago ofrecía imágenes dantescas de destrucción, con semáforos en el suelo, restos de autobuses quemados, comercios saqueados y miles de piedras y palos sobre las calles.
«Es muy triste todo lo que está pasando, pero la gente está indignada porque no la escuchan», dijo a la AFP Antonia, de 26 años, en el corazón de la capital.
El saldo de estas revueltas sociales sin precedentes desde el retorno a la democracia en Chile, en 1990, sumaba este domingo 70 hechos de violencia graves, entre ellos 40 saqueos, según Chadwick, que obligaron a los vecinos a organizarse para proteger sus casas.
Dos personas fueron gravemente heridas de bala en un incidente con una patrulla militar de madrugada y la Fiscalía informó de 1.462 detenidos.
Ante la virulencia de los incidentes, las autoridades decretaron por segundo día un toque de queda, aunque adelantaron el inicio de la medida para las 19 hora local, en medio del estado de emergencia. «Estén en calma y estén todos en sus casas», instó al anunciar la medida el general Iturriaga.
Las manifestaciones estallaron por el aumento del precio del pasaje del metro -medida que el gobierno luego revirtió– y eran inimaginables hasta hace solo algunos días, cuando Piñera se refería a su país como un «oasis» de estabilidad.
En ese contexto, los tres poderes del Estado buscaron dar una señal de unidad con un encuentro este domingo entre sus máximos exponentes en el palacio presidencial de La Moneda. «La democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse usando todos los instrumentos que entrega la propia democracia y el estado de derecho para combatir a aquellos que quieren destruirla», dijo Piñera tras la reunión.
Manifestantes encapuchados se enfrentaron durante casi todo el día con efectivos policiales en la céntrica Plaza Italia de Santiago, fuertemente resguardada por policías y militares.
Pero en el barrio de Ñuñoa, unas 5.000 personas se manifestaron pacíficamente por varias horas, con cánticos festivos y gritos en contra del gobierno de Piñera. Muchos incluso desafiaron el toque de queda y siguieron manifestándose.
Si el disparador fue el aumento de la tarifa del metro, las protestas se hicieron eco de otras reivindicaciones en una sociedad que incuba desde hace años un gran descontento, y se fueron extendiendo a otras ciudades como Valparaíso y Concepción.
Al grito de «basta de abusos» y con la consigna «ChileDespertó» en las redes sociales, los manifestantes reclaman contra un modelo económico en el que el acceso a la salud y a la educación es prácticamente privado, con una alta desigualdad social, bajas pensiones y un alza de los servicios básicos.
En los pequeños comercios que decidieron abrir y en algunas gasolineras habían extensas filas para abastecerse de víveres y combustible ante el temor de que se genere desabastecimiento.
Los taxis y las diversas aplicaciones móviles de transporte -cuyas tarifas estaban por las nubes- eran prácticamente la única forma de movilizarse en esta ciudad de siete millones de habitantes que tiene previsto acoger a mediados de noviembre la cumbre de líderes del Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC) y en diciembre la cumbre del clima de la ONU COP 25.
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