«Buenas fiestas, muchachos», saludó el sindicalista Omar «Caballo» Suárez en diciembre del año pasado a un grupo de efectivos del Servicio Penitenciario Federal que lo rodeaban en la cárcel de Marcos Paz. El saludo les llamó la atención a los agentes carcelarios: ¿por qué un hombre detenido sin perspectivas de libertad hacía una suerte de despedida? ¿Un truco sucio estaba en el horizonte? Ese saludo fue considerado por los agentes como una alerta temprana para detectar un posible intento de internación del ex jefe de los marítimos y uno de los sindicalistas favoritos de Cristina Kirchner en una clínica privada, una crisis médica autogenerada que lo llevaría lejos de las rejas para pasar la última Navidad a gusto. Las autoridades buscaron toda la información médica sobre Suárez y la presentaron en la Justicia: el «Caballo» pasó las fiestas en la cárcel.
Quienes supieron decodificar el saludo de Suárez fueron agentes del Servicio Penitenciario que integran el sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad, más conocido como IRIC, un programa que desde el año pasado funciona en cuatro pabellones de los penales de Ezeiza y de Marcos Paz y que se aplica sobre los 50 detenidos en todo el sistema considerados con el mayor poder de corromper a los penitenciarios y al sistema mismo para obtener beneficios impropios que van desde comodidades injustificadas hasta salidas con falsos pretextos o, directamente, estrategias ocultas para intentos de fuga.
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El IRIC, encabezado por Fernando Julián Martínez, director de Régimen Correccional y Emiliano Blanco, titular del SPF, se comenzó a aplicar con la llegada a prisión de los primeros ex funcionarios kirchneristas encarcelados. Primero fueron Ricardo Jaime y Lázaro Báez, después José López y César Milani . Juan Pablo «Pata» Medina, ex jefe de la UOCRA platense, Julio De Vido, su ex mano derecha, Roberto Baratta y Amado Boudou son sus figuras más reciente.
Pero al programa también lo integran narcotraficantes, lavadores de dinero, integrantes de organizaciones criminales complejas. Todo aquel que por sí o través de allegados –abogados, lobbystas de la política o la justicia– tengan la capacidad de influir y torcer las reglas. El abogado Mateo Corvo Dolcet, procesado y embargado por 200 millones por lavar los dólares de un poderoso narco colombiano, el ex intendente de Itatí, Natividad «Roger» Terán y los capos peruanos «Marcos» Estrada González y Alionzo «Ruti» Mariños, jefes narco de las villas 1-11-14 y 31 bis respectivamente, también están bajo la lupa del IRIC.
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Estrada González, Baratta y el «Caballo» Suárez, por ejemplo, comparten el módulo 3 del pabellón 7 de Marcos Paz. Los presos bajo la nueva vigilancia son cada vez más. «Acá todo pasó muy rápido», sintetiza Fernando Martínez, cabeza del programa: «Esto se trata de un nuevo enfoque preventivo más allá de lo punitivo, de castigar».
El SPF, que estableció un código de ética para su personal por primera vez en su historia luego de reuniones con la Oficina Anticorrupción, no escapa al desafío, por otra parte. Ya elevó pedidos para que el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso, preso en Salta y en pleno juicio por una fuerte acusación por beneficiar narcotraficantes a cambio de dádivas como campos y dinero, sea enviado a Buenos Aires para ser vigilado en el IRIC ante una eventual condena.
Los agentes que integran el IRIC son previamente investigados y capacitados en cursos. El filtro, aseguran autoridades penitenciarias, es riguroso. «Deben tener una carrera intachable con altas calificaciones, no tener deudas ni hipotecas ni familiares enfermos, ningún resquicio que los haga sobornables. Son los agentes que están en contacto directo con esos presos. Por eso deben seguir algunas pautas de confidencialidad: un contacto limitado con el interno y no dar ningún dato de su privada. Cualquier información puede servir para internar cooptarlos», asevera Fernanda Koser, miembro del equipo del IRIC. La previsible familiaridad de día tras día entre preso y penitenciario debe evitarse a toda costa: los familiares de los agentes también pueden ser víctimas de amenazas, un frente débil.
Por ocupar esa posición no tienen un sueldo más alto, un agente que recién ingresa cobra unos 25 mil pesos por mes. El circuito de vigilancia, con una frecuencia mayor de requisas que en los pabellones de presos comunes, no se reduce a la celda o al pabellón:el foco también está en las visitas que reciben y los traslados a Tribunales para sus declaraciones y audiencias. La capacitación, entonces, no solo se reduce a los carceleros: también incluye a los médicos, psicólogos y personal de ingreso que son entrenados para detectar cualquier signo sospechoso. El IRIC también recopila la información de sus procesos en informes que se convierten en inteligencia propia del SPF.
El IRIC, por ejemplo, disparó sus alertas el año pasado con el colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias «Mi Sangre», que fue extraditado a Estados Unidos. En una requisa a su celda se encontró dentro de un expediente judicial un celular y un mapa con las comisarías cercanas a la cárcel de Ezeiza. El expediente se lo había llevado su abogada: las autoridades entendieron que estaba planeando una fuga. «Por eso las revisiones a las celdas de los pabellones de IRIC son más frecuentes por la capacidad logística«, sostiene Martínez.
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Hasta ahora las autoridades no recibieron denuncias contra agentes que integran el IRIC y estos tampoco denunciaron intentos de corrupción. El empate, por lo visto, es técnico. También se requiere olfato. Los presos de alto perfil, apuntan voces en el sistema carcelario, suelen jugar trucos con su salud: picos diabéticos o de presión arterial autoinducidos son maniobras comunes para zafar de la celda.
«¿No se incrementan los riesgos de corrupción si todos los presos con capacidad económica están alojados juntos?», preguntó Infobae. «Los recursos de infraestructura son limitados y hay que hacer un uso eficiente«, explica Martínez. La ola de nuevos presos de alto perfil enviados desde los tribunales federales choca con números de cárceles cada vez más saturadas. Hoy el sistema federal tiene una sobrepoblación de 800 internos, por otra parte se habla deplanes de construcción de nuevas cárceles.La sobreabundancia de presos con prisión preventiva que marca al Servicio Penitenciario Bonaerense -38 mil detenidos, la mitad con cárcel ordenada judicialmente sin condena- se replica en el SPF: de 11900 presos en todo el país, 62% tienen prisión preventiva, seis mil de ellos detenidos por delitos fuera de la competencia federal. 1700 internos están en condiciones de recibir la prisión domiciliaria a pesar de las negativas de la Justicia.
