En paralelo al procesamiento del diputado Julio De Vido por la Tragedia de Once, el juez federal Claudio Bonadio trabó un embargo por 600 millones de pesos, sin embargo el funcionario aseguró no poseer bienes por ese monto.
Fue entonces que la Oficina Anticorrupción (OA), aceptada como querellante en la causa, propuso embargarle el sueldo que recibe como diputado. «Si percibe sus haberes ante ese organismo y, en caso afirmativo, proceda a trabar embargo sobre los mimos hasta cubrir la suma» rezaba la petición de la titular del organizmo, Laura Alonso.
Además Bonadio ordenó rastrear los bienes que pertenezcan al ex ministro para afectarlos al embargo. Como consecuencia el magistrado enviará oficios a los registros de la propiedad inmueble de todas las provincias, al Registro Nacional de la Propiedad Automotor y a todos los organismos vinculados a bienes registrables.
Finalmente dictó la inhibición general de bienes a su respecto y pidió al Banco Central para bloquear sus cuentas bancarias.
