Fuente Infobae
Las rutas de las drogas en la Argentina tienen un camino claro. Cruzan las permeables fronteras desde Paraguay, Bolivia y Chile – en ese orden- y transitan por parajes, ríos, rutas, caminos y pistas clandestinas con la complicidad de las fuerzas de seguridad y los políticos de turno envenenados por los billetes verdes con que los narcos aceitan sus engranajes de corrupción al más alto nivel y que abarcan desde los estados municipales, provinciales y nacional.
Salta y Corrientes figuran en la primera posición de las provincias con mayores decomisos de cocaína y cannabis respectivamente. Formosa, en cambio, es la provincia donde mayor cantidad de drogas sintéticas se secuestraron. La mayoría ingresaron al país a través de la frontera en doble fondos de valijas en los micros de larga distancia provenientes de Chile o Paraguay pero en un gran número de oportunidades el lugar de origen era Europa.
El destino final de las pastillas o dosis con forma de corazones, de caras de teatro o con la «S» que simboliza al hombre de acero, era Capital Federal por la gran concentración de fiestas electrónicas.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires son los dos distritos donde las autoridades detuvieron al mayor número de personas vinculadas a delitos narcos.
Los vínculos con el poder
Está claro que sin relaciones políticas, policiales y judiciales tejidas a lo largo de los años, a nuestro país no podría haber intentando ingresar las casi 50 toneladas de marihuana secuestradas solo en los primeros cinco meses de este 2017; o las dos toneladas y medias de clorhidrato de cocaína incautadas en el mismo período.
Hay ejemplos muy claros. El pasado 10 de julio, por ejemplo, fueron detenidos cuatro gendarmes, y otros tres suspendidos, a raíz de una investigación interna del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la propia fuerza que los vinculó «al tráfico de drogas». El intendente correntino de Itatí, Natividad «Roger» Terán (PJ), y su viceintendente, Fabio Aquino (PRO), y otras 20 personas en el marco de una megacausa por narcotráfico denominada «Operación Sapucay». Fueron 47 allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, Chaco y Corrientes.
En los operativos también fueron esposados el comisario de Itatí, un suboficial de la Policía Federal, tres gendarmes y un abogado. Todos están procesados y se les dictó la prisión preventiva. Un mes antes, Itatí ya se había visto sacudida por un primer cimbronazo vinculado al tráfico de marihuana proveniente de Paraguay: la hija del jefe comunal, Mariela Terán quedó detenida con su pareja, Ricardo Piris por ser presuntamente los organizadores de otra banda narco.
Y más aún. Una semana antes que cayera la cúpula de la municipalidad, Hernán Aquino, de 21 años, hermano del viceintendente, y Vanesa Sosa, hermana de la concejala Marcelina Sosa, fueron sorprendidos y capturados por Prefectura Naval cuando viajaban en una camioneta en la Ruta Nacional Nº 118 a la altura de Loreto, transportando más de 500 kg de marihuana.
La ruta de la marihuana
Cuando se trata de contabilizar los cargamentos de marihuana decomisados –que casi en su totalidad provienen de Paraguay- la provincia vedette en cuanto a los secuestros de este estupefaciente, es lógicamente, Corrientes, la provincia gobernada por Ricardo Colombi, un político de extracción radical y que en las últimas elecciones apoyó a Cambiemos, el partido gobernante a nivel nacional.
Colombi es investigado en la actualidad por el juez federal de Reconquista –provincia de Santa Fe- Aldo Alurralde, para determinar si el funcionario entorpeció un procedimiento contra el tráfico de marihuana llevado a cabo en la ciudad de Goya.
Sucede que Corrientes se transformó en la capital del secuestro de marihuana. En los primeros cinco meses de este año los organismos federales incautaron la friolera de 19.875,79 kilos. Es decir casi 20 toneladas de panes de ese estupefaciente.
Misiones, gobernada por Hugo Passalacqua, que llegó al poder por el Partido de la Concordia Social –integrado por dirigentes radicales y peronistas que responden al Frente para la Victoria- le come los talones con 19.121.02 kilos. La cercanía de ambas provincias con Paraguay es la clave. Sucede que los grandes embarques de panes prensados de cannabis son trasportados a través de embarcaciones por los ríos Bermejo y Paraná, u ocultos en camiones cisternas especialmente acondicionados.
Muy atrás en la cantidad de decomisos aparece, en un tercer puesto Córdoba, con 2.917,33 kilos; más atrás aún Entre Ríos con 2.587,41 kilos; Formosa con 1.497,76 kilos; Salta con 924,46 kilos; Chaco con 416, 51 kilos –en esa provincia se acaban de descubrir 156 pistas clandestinas donde arrojaban la marihuana y cocaína desde aviones- y provincia de Buenos Aires y CABA con 317, 62 kilos y 216,42 respectivamente.
A diferencia de provincias como Corrientes, o Misiones donde los procedimientos de decomisos de cannabis son espectaculares por el volumen de los decomisos, tanto en el conurbano bonaerense, como en villas de Capital Federal, en los ruidosos y aparatosos operativos, se incauta, por lo general, cantidades más bajas que están destinadas –tanto la marihuana como la cocaína y el paco- a la venta al menudeo a través de bunkers o kioscos de drogas que avanzan en las barriadas más humildes a fuerza de balas y disputa territorial.
Entre enero y mayo de 2017, en todo el país se secuestraron 48.696,17 kilos de marihuana. Un 7,94% más que en el mismo período de 2016 cuando los decomisos fueron de 45.116,10.
La ruta de la cocaína
Según la cantidad de clorhidrato de cocaína decomisados por las fuerzas federales durante los primeros cinco meses de 2017, los principales senderos que recorre la cocaína son las provincias de Salta, (con 1.132,90 kilos), Jujuy (con 386,53 kilos), Córdoba (con 238 kilos), Santa Fe (con 131 kilos), Buenos Aires (con 127,45 kilos), La Rioja (con 93,57 kilos), la Ciudad Autónoma e Buenos Aires (con 91,31 kilos), Misiones (con 73,82 kilos) y Corrientes con (73,45 kilos).
Este corte quedaría alterado si hubiese ingresado a las estadísticas oficiales del ministerio de Seguridad de la Nación a las que accedió Infobae, el megaoperativo denominado «bobinas blancas» donde Gendarmería, Policía Federal y de la Bonaerense, secuestraron dos toneladas de cocaína de máxima pureza lista para ser embarcada y partir al extranjero desde los puertos de Bahía Blanca, Campana y Rosario.
Una tonelada y media de esa mercancía fue secuestrada justamente en Bahía Blanca; en la provincia gobernada por María Eugenia Vidal; y otros 500 kilos –que aún no habían sido despachados- en Mendoza.
Hasta esa incautación, en Mendoza apenas se habían secuestrado 7,73 kilos de cocaína. Sucede que esta no es una ruta habitual para los narcos que distribuyen su legado de muerte en el país. Los blancos cristales tenían como destinos finales Barcelona, en España y Canadá.
Los camiones con los ladrillos de cocaína habían ingresado desde Chile por el paso fronterizo de Cristo Redentor, en Mendoza, y de allí transitaron hasta Bahía Blanca sin ningún tipo de inconveniente circulando por las rutas de San Luis, Córdoba y Buenos Aires, hasta llegar a los depósitos cercanos al puerto bahiense donde la droga fue descubierta lista para ser embarcada en bobinas de acero que sería recubiertas con cables.
Solo entre enero y mayo de este año, el ministerio de Seguridad de la Nación, a través de sus fuerzas especializadas, secuestró 2.583,03 kilos de cocaína contra los 1.859,51 kilos del mismo período de 2016, esto es un 38,91% más.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich asegura que este incremento se dio por una mayor eficiencia en los operativos de control, represión e investigación contra el crimen narco organizado producto de una clara voluntad política en la materia. Sin embargo en este punto también vale preguntarse si no existe una segunda posibilidad. Que se secuestra más droga porque ingresa más ya que la Argentina dejó hace tiempo de ser solo un país de tránsito para transformarse en uno de los de mayor consumo de la región.
La ministra, consultada por Infobae respondió que «no», que se debe a que «estamos fortaleciendo la presencia del Estado en los barrios para llevar tranquilidad a los vecinos, multiplicando los operativos y volteando los bunkers de drogas que llevan muerte a esos lugares, y trabajando día y noche para combatir al narcotráfico a lo largo y ancho del país» y remata diciendo que «vamos a seguir profundizando los controles y los patrullajes para sacar la droga de las calles».
La mafia
«La mafia es mafia por su relación con la política y las instituciones», es decir con el poder. La sentencia, que tiene la fuerza de una bala que ingresa por el pecho y perfora el corazón, pertenece Francesco Forgione.
Sociólogo italiano, ex presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, historiador y autor del libro de investigación «Mafia export», describe como pocos «la otra cara de la globalización».
En su investigación, y como si estuviese hablando de Argentina, sostiene que «parece que la mafia no existe hasta que no deja ensangrentadas las calles». Es lo que hace tiempo ocurre en el país. Ya no solo en los intrincados pasillos de villas como la 1-11-14, y la 31 y 31 bis, en Capital Federal; sino también en Puerta de Hierro, o en la Cárcova, en el conurbano bonaerense, sólo por dar algunos ejemplos.
Quizás porque la violencia engendrada en el vientre narco de esos suburbios se extendió a avenidas y calles donde los votos para los políticos y dirigentes quizás importen más. Los funcionarios de turno parecen haber roto la inacción y comenzaron a dar cierta batalla a la criminalidad narco.
Entre enero y mayo de 2017 las fuerzas de seguridad detuvieron en todo el país a 6.941 personas vinculadas al tráfico, venta, fabricación y distribución de drogas a través de 6.283 operativos. En la lista están incluidos los 156 funcionarios, policías y gendarmes que formaban parte de esas redes narco mafiosas.
El número impacta porque es un 26,45% mayor a los de 2016 donde se encarcelaron a 5.489 personas. O sea más de 11.500 personas que terminaron colapsando el Servicio Penitenciario Federal que llevó a que en los dos últimos dos años los presos por delitos vinculados a la Narcocriminalidad se duplicaran. Y que en ese año se batiesen todos los records de internos en las unidades penales federales. El ministerio de Justicia de la Nación no tiene cuantificado aún cuántos de esos presos ya quedaron en libertad, cuantos fueron procesados y cuantos condenados.
Contra lo que se cree «la inmensa mayoría» de los detenidos son argentinos, mientras que los extranjeros representan solo el 6%, aunque en los últimos años este número se incrementó un 21,35%. De este último porcentaje el 33% están detenidos por infracción a la ley de drogas, la 23.737.
Un relevamiento realizado por la ONG Intercambios, especializada en políticas de drogas, destaca que hasta el año 2016 la violación a la ley de drogas es el tercer delito que más personas lleva a la cárcel, detrás del «robo y/o tentativa de robo» y del homicidio doloso, y que está por encima por encima de las violaciones y hurtos.
Como era de esperar, el detallado relevamiento, encabezado por abogado e investigador de la UBA Alejandro Corda, precisa que las personas encarceladas por estos casos, «son por lo general los eslabones mínimos de la cadena narco –choferes, pasadores, soldaditos, satélites- que aumentaron muy por encima del incremento total de internos en el mismo período, que fue del 39%».
El lugar donde más detenidos hubo durante los procedimientos fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total fueron apresados 2.782 personas. Le sigue la provincia de Buenos Aires con 1.171. Sumando ambas jurisdicciones se realizaron 3.921 procedimientos. Una cifra que sextuplica a la totalidad del resto del país.
La razón no es azarosa. La mayor venta de estupefacientes a droga dependientes –los verdaderos perjudicados de estas mafias sobre los que casi no hay asistencia efectiva por parte del Estado- se dan en estas dos jurisdicciones que concentran también una enorme desigualdad social.
Y es por esa razón que sobre todo en el conurbano bonaerense, los bunkers de drogas aparecen como hongos después de la lluvia, de un día para el otro.
CABA, la reina de las drogas sintéticas
«La reina de la fila», le decían a Alessandra, la pulposa joven que el jueves pasado fue detenida mientras vendía éxtasis, LSD y otras drogas sintéticas en la entrada de un boliche del barrio porteño de Palermo.
La historia se repite cada fin de semana, sobre todo en las inmediaciones o dentro de los espacios donde la música electrónica hace rebotar a los jóvenes con una botellita de agua entre las manos.
Es que la Ciudad de Buenos Aires es la meca de venta de este tipo de sustancias prohibidas, aunque su ingreso principal, no es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sino el norte de nuestro país.
Entre enero y mayo de 2017 en la ciudad capital del país la policía secuestró solo 7.705 «drogas de síntesis» o de «diseño», como éxtasis, polvo de ángel, LSD, metanfetaminas.
Y en la provincia de Buenos Aires, también un lugar de mucha demanda, apenas 3.843. En cambio, en Formosa y Jujuy fueron las provincias donde se asestaron los mayores golpes a este tipo de traficantes. En total 47.701 dosis y 42.682 dosis respectivamente.
En los primeros cinco meses de este año se llevaban secuestradas 105.354 unidades. Mientras que en el mismo espacio, pero de 2016, apenas se habían secuestrado 5.115. Por eso el aumento porcentual es escandaloso, casi un dos mil por ciento.
En los últimos dos años el consumo de drogas sintéticas en el país aumento un 30% pero la cifra trepa al 200% se toma la última década como referencia según la SEDRONAR.
Un trabajo de investigación del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, ya publicado por Infobae, revelaba que «durante 2016, unas 170 mil personas compraron pastillas de éxtasis en todo el país» y que «cada vez más jóvenes se drogan y mueren con pastillas de diseño».
Un hecho que las autoridades solo parecen prestarle atención cuando ocurren tragedias como en la Time Warp de Costa Salguero, donde fallecieron cinco jóvenes de manera violenta «producto de la intoxicación por drogas de abuso», según el informe toxicológico agregado a la causa.
Décadas de desidia y corrupción
Las drogas, las pequeñas bandas narcos; los punteros, satélites y soldaditos del narco crimen; los bunkers de venta al menudeo de estupefacientes; las «cocinas» de paco y de «estiramiento» de clorhidrato de cocaína; las ramificaciones de los carteles mexicanos y colombianos en el país importando a sus sicarios y redes de traficantes; las redes de lavado de dinero impregnado de muerte, comenzaron a instalarse con fuerza hace casi 30 años en los grandes conglomerados urbanos como el conurbano bonaerense y el Gran Rosario, haciendo uso y abuso de la usencia del Estado y de la enorme desigualdad social. Pero lograron imponer su sello mafioso con desgarradora fuerza, los últimos 15.
En el entorno del oficialismo que rodea al presidente Mauricio Macri, y a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, argumentan que, a «diferencia» del pasado gobierno los especialistas en las áreas de seguridad y combate contra las bandas organizadas, comprendieron por fin la complejidad del desequilibrio social generado por pésimas políticas de prevención y persecución de los delitos más complejos en todas sus formas.
También aseguran ser conscientes de descontento generado en la sociedad por la desidia, complicidad e inoperancia que vienen arrastrando los supuestos especialistas en las áreas que permitieron que los delincuentes utilicen cada vez una violencia mayor, hasta para robar un celular, y que las edades de los criminales sea cada vez más corta.
Como si se tratara de una película de Quentin Tarantino, las bandas narcos, los punteros de las drogas vinculados con el triángulo corrupto de políticos, funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad, dejan delante y detrás suyo los cadáveres abatidos durante la lucha por ganar territorio para traficar su veneno.
Los barrios más humildes donde la vida es cada vez más corta, son los más castigados. En esos lugares los tenientes de la muerte envuelta en papel glasé de colores y pipas metálicas cargadas con «paco», son los más vulnerados. La mano de obra desocupada de los rincones donde la desigualdad entre los que más y menos tienen es mayor, es tierra fértil para las mafias narcos que se reproducen como bacterias en una Placa de Petri con el caldo de cultivo adecuado.
Son en esas barriadas donde avanzan sin oposición gubernamental los kioscos que venden droga al menudeo. Y es en esos lugares donde las autoridades actuales afirman haber aumentado el decomiso de drogas vendida al menudeo por los traficantes.
A pesar de los números positivos, la batalla contra este tipo de delito, para desánimo del ciudadano, aún parece estar perdida. Quizás, y a pesar de resonantes operativos que se muestran exitosos, la gravísima situación de inseguridad y avance del narcotráfico comience a revertirse cuando se apliquen, de manera seria y constantes, a lo largo de años, políticas integrales en materias como economía, salud, trabajo, educación, lucha contra la corrupción, urbanización, equidad social, y seguridad, entre otras.
Se sabe, y desde hace tiempo, que para combatir a las mafias enquistadas en el cuerpo social de un país, no alcanza sólo con sumar en las esquinas más policías como si fueran macetas. Cualquier otra medida está destinada al fracaso.
Por ahora, los números y porcentajes hablan a favor de la actividad desplegada por las autoridades y las fuerzas policiales. Habrá que esperar para corroborar si esto se mantiene en el tiempo y se son apresados los grandes capos narcos que lavan y mueven millones de dólares en el país traficando muerte. Como lo recuerda el propio experto antimafia Francesco Forgione las mafias, en el mundo, y obviamente también en la Argentina, tienen «una facturación propia mayor a los presupuestos de los Estados».
