«El inciso b del artículo 15 de la Ley 25.188 (de Ética Pública) dice que aquel que hubiese tenido o tuviera vínculo debe abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones particularmente relacionadas a personas o asuntos con los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria», explicó el ministro de Energía y Minería ante un plenario de comisiones del Senado.
En respuesta a una pregunta del senador nacional Fernando «Pino» Solanas, Aranguren aclaró que «las decisiones» que ha tomado como ministro de Energía y Minería «han sido siempre de carácter general» y aseguró: «Me he abstenido de tomar decisiones particulares que estuvieran vinculadas con mi anterior empleador».
«Comparto que los funcionarios cumplamos leyes especialmente vinculadas a la ética. Lo hice en el sector privado y lo voy a seguir haciendo desde el sector público», señaló el ministro, quien posee acciones por 16 millones de pesos de la compañía petrolera Shell, en cuya filial argentina se desempeñó como CEO.
Este miércoles, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, había asegurado que el caso del ministro Aranguren «es el más complicado que tiene en estudio” el organismo porque, indicó, «no es ni tan blanco ni tan negro”, aunque aclaró que lo que podría existir es «no una incompatibilidad sino un conflicto de intereses”.
«La tenencia accionaria de por sí no representa un conflicto de intereses”, remarcó Alonso, quien precisó que, «en las próximas semanas” la OA dictará «una recomendación preventiva” para Aranguren, «a fin de que, cualquiera sea su actuación, evite caer en un conflicto de intereses”.
De todas maneras, subrayó que el volumen de acciones de la compañía Shell internacional que posee el ministro de Energía y Minería de la Nación es «infimísimo” en relación al volumen total de acciones de la empresa.
No obstante, en las afirmaciones que realizó ante el plenario de comisiones del Senado, al que asistió para dar explicaciones sobre los aumentos tarifarios, Aranguren anticipó que, si su situación «es cuestionada” por la Oficina Anticorrupción «y la Justicia decide otra cosa” que su interpretación y la de sus abogados, actuará «en consecuencia”.
