El Gobierno acaba de hacer su segunda entrega de cálculo previsional por decreto. Y Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, fue ácido apelando al sentido común: dijo que resulta un acto de hipocresía de la política machacar con el cuidado a los “abuelos” frente al coronavirus y al mismo tiempo ajustar las jubilaciones. Algo así como un doble discurso generalizado que, en este caso, se ampara en la ley de Emergencia y en algunos DNU de la era de la pandemia. El tema ya había llegado a la Corte Suprema y la semana que viene, la presentación colectiva será ampliada.
Este caso, se admite entre conocedores de los tribunales, es precisamente del tipo de planteos que incomodan al máximo escalón de la Justicia. Un asunto de gobierno –o de la política- mal resuelto y que termina colocando a los jueces frente a decisiones muy delicadas desde el punto de vista jurídico y social. “Cronoterapia”, dice un veterano de este circuito, y agrega: “Esa puede ser por ahora la salida”. Alude al enfriamiento del tema, con medidas de ejecución que dilatan los tiempos –pedidos de informes o documentación, peritajes, por ejemplo- a la espera de soluciones políticas prácticas.
No sólo se trata de un tema sensible frente a la sociedad. El hecho de que la demanda sea colectiva dibuja un desafío complejo. Expone una línea bien fundada, empezando por la pérdida de derechos adquiridos: fue anulada la fórmula de movilidad para el cálculo de haberes, aprobada en 2017, y suplantada por un mecanismo que provoca una pérdida real frente al sistema previo. Pero también asoman puntos en contra: aceptar el reclamo colectivo implicaría, según cierta mirada legal, un virtual roce con otro poder, porque podría ser interpretada casi como un acto de legislación.
Al margen de ese potencial debate, pesan al menos otros dos elementos.
En primer lugar, se anota una especie de doble emergencia: por ley y con votación amplia, como herramienta para el arranque de la gestión de Alberto Fernández; y más recientemente, por algunos Decretos de Necesidad y Urgencia frente al coronavirus, refrendados por el Congreso. En segundo lugar está el “costo” económico que tendría para el Estado revertir las normas, con los fondos de la Anses cada vez más comprometidos por asistencias como el Ingreso Familiar de Emergencia. Es una realidad que posterga como siempre el debate sobre la naturaleza misma de la Anses.
Es precisamente ese cuadro, el de los fondos, el que aparece más escondido en el discurso oficial, aunque también ese discurso ha sufrido alteraciones entre la primera y segunda entrega por decreto.
Desde antes de la asunción como gobierno, en el círculo económico de Alberto Fernández se venía hablando de la necesidad de “desindexar” las jubilaciones. Y el abandono de la movilidad heredada de Mauricio Macri fue vestido con la fundamentación de una necesaria solidaridad social –es decir, de cierta cesión de los sectores de mayores recursos o más acomodados- para enfrentar la crisis.
El punto fue que en el caso de los jubilados se trató de una especie de solidaridad pero intrasistema previsional. Es decir, perdieron ciertos segmentos –de 16.195 pesos de haber para arriba- para atender especialmente a la enorme franja de haberes mínimos. Esa fue la resolución. Muchos, los de la mínima, ganaron un poco en comparación con el cálculo de movilidad anterior, y de allí para arriba el resto, para nada pocos, perdieron frente a esa escala.
Ahora, la comparación para sostener la cifra de aumento no se hizo tomando como referencia la suspendida fórmula de movilidad, sino contra la inflación prevista. Tomados los dos decretos, las jubilaciones más bajas sumarían hasta casi un 20 por ciento, contra una inflación estimada para el mismo período en 15 puntos. Las más altas, en cambio, redondearían un 10 por ciento, es decir por debajo del pronóstico inflacionario. En comparación con el cálculo del sistema anterior, todos estarían perdiendo porque la cifra sería 23,72 por ciento.
La cuestión, motivo de especial irritación para el Gobierno, es que la movilidad “macrista” también fue pensada originalmente como un ajuste. Como la mayoría de los cambios en previsión social y hasta muchas paritarias en épocas de crisis, aquella modificación, votada en medio de una batalla campal fuera del Congreso, arrancó con una pérdida apenas compensada por una suma fija: se hablaba del efecto “empalme” entre el viejo y el nuevo sistema.
Además, el mecanismo de aumento corría de atrás frente a una inflación creciente. Eso explica en buena medida la pérdida del año pasado. En sentido inverso, con una inflación más controlada, generaría una lenta recuperación. Esa chance fue liquidada con los decretos referidos. Y además, en medio del coronavirus, es colocada en suspenso la discusión de una nueva fórmula de movilidad.
Por supuesto, y más allá de lo que disponga la Corte, queda abierto el camino largo y extendido en años de las demandas individuales. Tal vez algún caso extremo o testigo de esos reclamos llegue con el tiempo a una consagración en el más alto nivel de la Justicia. Es una historia conocida y en general, dramática. Parte de la hipocresía
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