A 10 AÑOS DEL CROMAÑÓN DE ZAMORA, NO HAY DETENIDOS

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El pasado sábado 4 de noviembre se cumplieron 10 años de la más grave tragedia carcelaria en Argentina desde el retorno de la democracia. Aquí relatamos todo lo sucedido en 2007, cuando 36 internos del Penal de Varones de Santiago del Estero murieron calcinados en sus celdas debido a un incidente provocado tras el maltrato a sus familias por parte de los guardiacárceles.

Hasta el día de hoy ningún funcionario fue procesado y sólo tres guardiacárceles resultaron condenados en 2015, aunque hoy están todos libres.

Algunas publicaciones de Última Hora referidas a la Masacre del penal de varones.

EL INICIO

El lamentable acontecimiento tuvo origen el sábado 3 de noviembre del año 2007 en horas del mediodía, a raíz de una violenta requisa que dejó a varios internos lesionados. Todo se agravó al día siguiente, con el maltrato que sufrieron los familiares de los presos que habían ido a visitarlos.

A todas las mujeres se las desnudó y se las sometió a tacto vaginal. A la madre de un interno convaleciente de su operación de páncreas le sacaron la faja y le hicieron tacto vaginal también. Destruyeron y no dejaron pasar alimentos traídos por las visitas. Inmediatamente después de la protesta de los presos, los guardias hicieron una requisa mediante la cual tiraron violentamente la comida, rompieron las pertenencias y los colchones. Como si eso fuese poco, llevaron a todos los miembros de uno de los pabellones al baño, los desnudaron y los golearon hasta tirarlos al suelo.

Como consecuencia de este avasallamiento, los internos totalmente ofuscados prendieron fuego los colchones, provocando un incendio que rápidamente se propagó y se volvió incontrolable.

LA CARTA PALOMA

La carta paloma fue arrojada por los internos desde el interior del penal a sus familias que se encontraban expectantes afuera del mismo. Estas líneas relatan cómo vivieron según su visión, el horror de ver morir a sus compañeros sin poder hacer nada, una descripción que impresiona por el cuadro que describe.

MUERTE Y POSIBLES ASESINATOS

Es sabido que la puerta del pabellón 2 nunca fue abierta, situación que, en combinación con la demora de los bomberos, derivó en la muerte por asfixia de casi todos los presos que allí encontraban.

Sin embargo en aquel entonces, fuentes altamente calificadas y fidedignas aseguraron que en el penal de Alsina 850 además de muertes por quemadura y asfixia, durante el motín también se habrían llevado cabo asesinatos.

En ese sentido algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas acusaron a los guardiacárceles de haber bloqueado las puertas de los pabellones, impidiendo que los internos escapen del fuego. También denunciaron que muchos de los presos no murieron por quemaduras ni por asfixia, sino por golpes propinados por los efectivos e incluso por heridas de bala.

EL GOBIERNO MANDÓ ATAÚDES DE CARTÓN PRENSADO

“Estos cajones nos mandaron”, gritaban los familiares mientras mostraban un féretro cuya tapa se retorcía por su propio peso. Era de cartón prensado y por ese entonces costaba creer que haya sido el gobierno provincial quien le envió a los familiares de las víctimas este elemento tan carente de calidad.

“Nosotros quisiéramos saber si ellos enterrarían a sus familiares en uno así. Nos siguen tomando el pelo, encima que nos quieren hacer creer que todo esto fue por un intento de fuga. A nuestros hijos los mataron, ese día los pegaron desde una hora antes de las visitas”, aseguró indignada una de las madres.

¿IMPUNIDAD?

En mayo de 2015, ocho años después de la masacre, se dio inicio al juicio que duró seis meses y que finalmente condenó a tres de los nueve guardiacárceles procesados por “homicidios y lesiones culposas”.

Las penas fueron menores y en poco tiempo los condenados, que habían sido alojados en la Escuela de Policía, recuperaron su libertad.

En tanto, ninguno de los responsables políticos de la tragedia fue siquiera imputado. Hay una responsabilidad política muy clara, en especial por parte del Ministro de Justicia, Ricardo Daives.

Es por ello que la abogada María Luisa Cárdenas de Infante, apoderada de dos familias, presentó una apelación a la sentencia donde pide considerar la responsabilidad penal de los funcionarios políticos. La intención es lograr que el caso supere las instancias locales y llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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